El ambicioso plan del Ayuntamiento de Madrid para que en 2019 estuvieran funcionando 4.000 bicicletas y más de 350 estaciones en la capital llegando así a los distritos de fuera de la almendra central queda en saco roto esta legislatura.
El Gobierno de Manuela Carmena solo implantará este año 42 nuevas estaciones e incorporará 468 vehículos más, que se sumarán a las 2.028 bicicletas y 165 estaciones que hay actualmente.
Los propósitos del Ejecutivo local de municipalizar el servicio de bicicletas de Madrid, y ampliar de golpe el servicio con 1.500 bicicletas más, cuenta con la oposición frontal del PSOE, necesario para que salga adelante por la minoría con la que gobierna Ahora Madrid.
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) pasó a gestionar el servicio de bicicletas en septiembre de 2016. La fórmula que decidió el Ayuntamiento fue adquirir el contrato por 10,5 millones de euros. Hasta entonces, el servicio de BiciMAD lo ofrecía Bonopark, contratado por el Consistorio anterior liderado por Ana Botella a través de un concurso público.
El Gobierno municipal rescató la concesión debido a los problemas financieros de la empresa que ponían en peligro el servicio.
De este modo, todos los valores de Bonopark, desde materiales hasta tecnología, incluyendo la subrogación de los trabajadores, pasaron a manos de la empresa municipal.
En la práctica significa que el servicio aún se rige por el contrato integral firmado en tiempos de Botella. Y ese contrato limita la extensión del servicio a toda la ciudad, impide que haya más de 468 nuevas bicicletas al año e imposibilita cambiar el modelo de vehículos que se tienen que seguir comprando a Bonopark.
Para hacer la expansión prometida para este 2019, y romper con las trabas del contrato, la EMT tiene que obtener la gestión directa completa, es decir, municipalizar, de verdad, el servicio. Pero este último paso necesita de aprobación del Pleno del Ayuntamiento.
El Gobierno de Carmena obtuvo el 17 de diciembre de 2018 el informe de la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid, que publicó En bici por Madrid, para poder municipalizar el servicio.
La Intervención General avala la operación y establece que se cumpliría con la legislación vigente, la Ley de régimen Local. El organismo público certifica que la gestión directa es viable desde el punto de vista económico como obliga dicha ley.
La ley de bases, en su artículo 85, establece que las administraciones locales podrán prestar sus servicios de forma directa o indirecta. La gestión indirecta es mediante contrato. La gestión directa puede ser directamente con sus funcionarios o a través de un organismo autónomo o a través de una empresa pública.
Con el positivo de la Intervención General, un organismo público independiente, el Gobierno de Ahora Madrid trasladó al PSOE su deseo de llevar la municipalización en el Pleno de diciembre o al de enero, según los plazos previstos. Pero los socialistas se opusieron, reconocen a eldiario.es desde el partido.
El grupo municipal socialista argumenta, en contra del criterio de la Intervención General, que además de la ley de Régimen Local, también rige la de Contratos del Sector Público y ésta no permitiría municipalizar el servicio.
Dada la negativa del PSOE, el Ayuntamiento de Madrid modificará el contrato actual para ampliar el servicio en 42 nuevas estaciones y 468 bicicletas más, una ampliación que llega con retraso ya que estaba prometida desde hace un año. El Gobierno municipal quiere que esta ampliación finalice en mayo.
Fuente de la noticia: eldiario.es
