El dopaje en el ciclismo español vuelve a aparecer -si es que algún día no se fue- en el pelotón y más concretamente en la siempre polémica categoría máster.
Y en esta ocasión entran en el mundo oscuro todo un bicampeón del mundo 2018 -contrarreloj y fondo- del rango de 40 años y tetracampeón de España como Raúl Portillo y el también vasco máster 30 José Antonio Larrea, otro de los destacados del panorama nacional, el año pasado en el equipo AC Marriot y con el que se proclamó campeón de España en 2016.
Ambos corredores ya están suspendidos por la Agencia Vasca Antidopaje (AVA), el servicio administrativo adscrito a la Dirección de Juventud y Deportes del Gobierno Vasco, encargada de desarrollar las competencias atribuidas por Ley 12/2012, contra el dopaje en el Deporte a la administración que preside Iñigo Urkullu como ha confirmado a este medio la Federación Vasca.
Dos corredores que estaban en el punto de mira de las autoridades alertados por sus victorias y exhibiciones varias en las pruebas en las que tomaban parte -Portillo fue el primero destacado en la pasada Marcha Quebrantahuesos– y que finalmente han violado alguna de las normas antidopaje como ha comunicado la AVA a la Federación Vasca y ésta a los colegios de árbitros vascos y navarros ya que no pueden participar en ninguna prueba deportiva en sus territorios y, obviamente, en ninguna del panorama internacional al estar auspiciada dicha suspensión por la Agencia Mundial Antidopaje(AMA/WADA).
Portillo -ganador este año de los 3 Días de Mallorca entre otras pruebas- y Larrea tienen el derecho ahora de pedir el contraanálisis -la presunta sustancia prohibida no ha sido comunicada públicamente al prohibirlo por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)- y esperar como siempre en estos casos la resolución de su expediente en uno u otro sentido.
Portillo era un habitual de la grupeta de entrenamientos con los excorredores del Burgos-BH, Igor Merino -sancionado 4 años- e Ibai Salas, sancionado y posteriormente absuelto por un conflicto administrativo entre la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAD) español.
El equipo profesional español fue suspendido dos semanas por la UCI por estos sucesos. También es un habitual de Andorra, el país donde residen numerosos profesionales españoles y extranjeros aprovechado el tipo de IRPF más reducido respecto al de sus países de origen.